La Asamblea Nacional de Ecuador se apresta esta semana a iniciar la votación final de la polémica Ley de Educación Superior en medio de la controversia mantenida por el presidente Rafael Correa y las universidades en torno del manejo de la educación superior en el país.
El mandatario ha reiterado que esta ley es "fundamental" para Ecuador. El martes, mientras la Asamblea resolvió aplazar la votación de la Ley para el jueves a la espera de consensos legislativos, el presidente insistió: "Si no cambiamos la educación superior, no habrá futuro para el país".
La discusión de la Ley, que ha tomado diez meses, ha tenido como uno de sus puntos de mayor polémica la definición de la entidad rectora de la educación superior en Ecuador.
El gobierno ha sido acusado de querer controlar a las universidades por medio de la creación de una Secretaría de Educación Superior dependiente del Poder Ejecutivo y con amplias atribuciones dentro del sistema universitario.
El martes, no obstante, en la Asamblea se dio a conocer un acuerdo entre rectores universitarios y la Comisión de Educación del Poder Legislativo por el cual la mencionada Secretaría no cumpliría funciones de rectoría de todo el sistema universitario, sino que sería una entidad de coordinación entre las políticas públicas y las casas de estudios.
El ente regulador del sistema sería un nuevo Consejo de Educación Superior, que estaría integrado por seis académicos elegidos por concurso y cuatro representantes del Poder Ejecutivo.
En este marco, el presidente Correa dijo que es absurdo que se lo culpe de querer apoderarse de la universidad ecuatoriana y acusó a los rectores universitarios de intentar manejar el Consejo de Educación Superior para que la ley quede en "letra muerta".
"Olvídense, la clave es un Consejo de Educación Superior independiente de las universidades, que son las controladas, y que haga cumplir la ley", afirmó Correa.
Autonomía y financiamiento
El rector de la Universidad de Guayaquil, Carlos Cedeño, le dijo a BBC Mundo que las universidades del país buscan "la vigencia plena de la autonomía universitaria", eliminándose la posibilidad de un control político a la educación superior por parte de cualquier gobierno.
En respuesta, Correa ha afirmado que la autonomía académica implica que las universidades elijan sus profesores, programas, autoridades, "pero no permitir, si ya tenemos 39 facultades de derecho, que abran diez más para graduar desempleados".
En este sentido, el mandatario ha resaltado la necesidad de que el sistema de educación superior responda a las necesidades del plan nacional de desarrollo establecido por el gobierno.
El acuerdo entre universidades y la Comisión de Educación de la Asamblea además señala que el financiamiento estatal al sistema de educación superior se incrementaría gradualmente hasta llegar al 5% del presupuesto general del Estado.
Para el rector de la Universidad de Guayaquil, tal financiamiento es necesario para posibilitar reformas tales como que las universidades cuenten con un mayor número de profesores de tiempo completo y con títulos de maestrías y doctorados.
"La calidad, que es lo que el país exige del sistema universitario, tiene un costo. Y ese costo tiene que ser asumido por el gobierno, que es el que administra las finanzas públicas", dijo Cedeño.
Posible veto presidencial
Más allá de los acuerdos legislativos que pudieran alcanzarse en los próximos días sobre la Ley de Educación Superior, existe preocupación entre asambleístas de oposición y dirigentes universitarios por la posibilidad de que el presidente Correa emita un veto que termine introduciendo los planteamientos del gobierno.
Esperamos que la Presidencia de la República respete los consensos que se logren en la Asamblea Nacional
Gustavo Vega, presidente del Consejo de Educación Superior
"El veto es un tema que nos preocupa mucho y esperamos que la Presidencia de la República respete los consensos que se logren en la Asamblea Nacional", dijo Gustavo Vega, presidente del actual Consejo de Educación Superior.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Aminta Buenaño, replicó que el veto presidencial es una atribución legal del mandatario como colegislador.
Entre tanto, dirigentes estudiantiles anunciaron la continuación de acciones de protesta "en defensa de la autonomía universitaria". En Loja, al sur de Ecuador, seis personas fueron detenidas el martes tras disturbios ocasionados en la gobernación provincial.
Paúl Mena Erazo
Ecuador, BBC Mundo
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